Este año es electoral. Quizás este hecho y el considerable peso político de los pensionistas, un colectivo de 10 millones muy activo en la defensa de sus derechos y altamente movilizado en las elecciones, ha contribuido a que Pedro Sánchez haya incrementado las pensiones un 8,5%. La indexación de las pensiones en el IPC está provocando un rápido incremento del gasto público con beneficios inmediatos tanto para los antiguos pensionistas como para los nuevos. Cada mes la Seguridad Social está gastando 1.100 millones de euros más, lo que supone un gasto adicional superior a los 15.000 millones anuales. Los nuevos jubilados del Régimen General cobran ya una pensión mensual de 2.060 euros, equivalente a catorce pagas de 1.765 euros en un año. Han cotizado en bases elevadas y es lo que les corresponde legalmente. En España, hasta la fecha uno de los sistemas más generosos de la UE, la pensión equivale a casi el 75% del último salario percibido. Por otra parte, buena parte de los jóvenes está cobrando el salario mínimo, si no están directamente parados o inactivos. Por tanto, las pensiones de jubilación de los nuevos beneficiarios se consolidan por encima del salario medio de España, y muy por encima del salario mínimo (1.080 euros). Por primera vez, 400.000 pensionistas cobran más de 3.000 euros mensuales.
Claramente, el problema de las pensiones en España es uno de los más graves desde un punto de vista económico, social, político y ético. Muchos destacan que las similitudes con un esquema piramidal son remarcables. Las estafas piramidales o fraudes Ponzi se basan en la captación continua de nuevos incautos. Y con las aportaciones de éstos, se pagan las fabulosas rentabilidades prometidas. El fraude se destapa y todo se va al traste cuando disminuye el número de nuevos entrantes. El sistema de pensiones llamado de reparto (pay as you go) se financia con las cotizaciones de los ocupados. Concretamente, el 37% del sueldo de los trabajadores se destina a financiar sus pensiones. Cuando los actuales ocupados lleguen a la vejez, dependerán totalmente de los futuros cotizantes.
Bismarck introdujo este sistema en la Alemania de 1884, cuando la esperanza de vida no alcanzaba los 60 años. Pero, en estos momentos, en España supera ya los 83 años. Y al envejecimiento galopante de la población cabe añadir la caída de la natalidad. Si en 1978 nacieron 680.000 niños en España, el año pasado lo hicieron menos de 340.000. Cuando Franco estableció el sistema de reparto en 1964 había 6 trabajadores por cada jubilado; ahora sólo son 2. Y las proyecciones demográficas estiman una proporción de 1 a 1 para el año 2050. ¿Es sostenible este sistema tal y como lo conocemos ahora? La respuesta es negativa.
Mientras el número de trabajadores disminuye, el número de jubilados crece. Y mientras que en los últimos 15 años la pensión media ha subido un 60%, el salario medio sólo lo ha hecho un 30%. El fondo de pensiones está agotado y la única garantía del sistema se confía al albur de las posibilidades económicas del mañana. La dependencia del ciudadano hacia el Estado y el juego político de cada momento es total. Más aún cuando la diversificación de ingresos de los ancianos en nuestro país es muy reducida y dependen, en algunos casos exclusivamente, de la pensión. Y es que el actual sistema de Seguridad Social en España no es ni seguro ni social. No es seguro porque depende por completo de la entrada de nuevos cotizantes para sostener el creciente número de pensionistas, y no es social porque enfrenta al colectivo de ocupados con el de jubilados. Hay mileuristas que pagan el 37% del sueldo a jubilados que tienen pensiones muy superiores a los rendimientos de su trabajo. Al final, es un sistema de suma cero. Lo que uno gana, el otro lo pierde. Las cotizaciones salariales no se invierten en nada, sino que se destinan en su totalidad a pagar pensiones. Y todavía no son suficientes, porque la Seguridad Social registra déficit cada año. Al término de la vida laboral de un trabajador, éste puede haber llegado a pagar medio millón de euros sólo en cotizaciones (impuestos aparte).
¿De verdad no podríamos encontrar la manera de invertir parte de esta cifra y capitalizar los rendimientos? La respuesta es positiva, pero existe, como mínimo, un problema. Si se permitiera a los trabajadores contratar seguros privados, ¿quién pagaría a toda una generación de pensionistas que han cotizado y tienen pleno derecho a la jubilación?
Una posible solución la propone el profesor Jesús Huerta de Soto. Permitir desviar el 10% del sueldo de los trabajadores a alguna fórmula de ahorro privado o colectivo, manteniendo como obligatorio el pago del 30% restante a la Seguridad Social, permitiría disponer de ingresos complementarios a la pensión de jubilación. En el peor de los casos, y durante una generación de pensionistas, aproximadamente 25 años, el sistema público perdería una cuarta parte de las cotizaciones, que deberían cubrirse con cargo a los presupuestos. Considerando que el gasto en pensiones supone el 12% del PIB, esto significaría un déficit temporal del 3%, el límite establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE.
La alternativa a no hacer nada será ver cómo el sistema se colapsa con la llegada a la edad de jubilación de los primeros baby boomers, nacidos a partir de 1960.
Jordi Franch Parella, doctor en Economía y profesor del Grado en Administración y Dirección de Empresas-ADE del Campus Manresa de la UVic-UCC
Añadir nuevo comentario